Caso Rubén Gil arrastra al gobierno del estado

Las diferentes bancadas en el Congreso coinciden en que existe una estrecha relación de funcionarios de primer nivel del gobierno marinista con un edil, acusado actualmente por presunta conspiración y narcotráfico en Estados Unidos. Documentos oficiales, publicados en el Diario Puntual , que muestran la ‘inusual’ manera en que el ejido de La Galarza pasó a manos del Rubén Gil, son argumentos contundentes.

Bajo presión, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS) y el Congreso local anunciaron la realización de una auditoría que, prometieron, será ‘exhaustiva’ a la administración del alcalde de Izúcar de Matamoros. La investigación le precisa al secretario de Gobernación, Mario Montero, explique por escrito al Congreso las inversiones de Gil Campos en la administración del gobierno de Mario Marín y las razones por las que Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación, le entregó un ejido de 60 hectáreas a Rubén Gil.

El Instituto Estatal Electoral también tendrá que documentar la procedencia de recursos de su conocida y millonaria campaña electoral.

Aunque los diputados de oposición esperan ‘toda la legalidad’ en el proceso, no dejaron de señalar otro escenario, uno amargo y posible… el que la mayoría priista prolongue el ‘Caso-Narcoedil’, declaren un interinato, dando tiempo y márgen al regreso de Rubén Gil, quien podría salir de prisión luego de la audiencia próxima del 22 de mayo.

Eduardo Rivera, coordinador de los diputados locales del grupo parlamentario del PAN en el Congreso estatal, calificó la documentación que se hizo pública, como un hecho “claro y contundente” que demuestra que el alcalde inmiscuido en presuntos asuntos de narcotráfico, Rubén Gil Campos, tiene con el gobierno del estado un vínculo estrecho.

“Hay una innegable cercanía del señor Rubén Gil con funcionarios del gobierno del estado, las acciones señalan una relación más estrecha que una relación comercial o de un proyecto productivo… ¿cómo van a explicar las acciones últimas, de verdad la relación se basa en principios legales y éticos? ¿De verdad ninguno de los funcionarios tiene responsabilidad en esto que se acusa?”

El panista dijo que esperará a que el secretario de Gobernación ofrezca la respuesta oficial en las implicaciones de Gil Campos con el gobierno marinista: “queremos saber la postura del gobierno, esperamos ––reiteró–– una respuesta fidedigna, veraz, oportuna, y con esto tener elementos para valorar lo siguiente.

Y es que la Comisión de Gobernación en el Congreso del estado retomó el punto de acuerdo que Acción Nacional presentó la semana pasada solicitando que el secretario de Gobernación, Mario Montero Serrano, informe las razones por las que el ahora llamado narcoalcalde, Rubén Gil Campos, donó un millón de pesos al gobierno marinista para las cajas de ahorro Puebla, así como la entrega del predio “La Galarza”.

“¿Las transacciones están apegadas a derecho? ¿por qué razones fue entregado un ejido de esa naturaleza? ¿porqué hay esos financiamientos nada claros? el asunto no sólo es raro, hasta puede presumirse un conflicto de intereses en los funcionarios implicados”

Eduardo Rivera adelantó escenarios “En el mejor de los casos, este asunto se investigará hasta sus últimas consecuencias, con disposición y voluntad política. El otro escenario sí sería grave: podría ‘taparse el asunto’, que se prolongue las investigaciones, que haya demora en la respuesta… sería grave para el estado, pues la sospecha de complicidad gubernamental con Rubén Gil Campos crecerá, sabremos que existió un trato preferencial para que pudiera hacer los negocios.

”El hecho es que una persona acusada por nexos de narcotráfico, fue candidato del PRI, alcalde con licencia, de uno de los municipios más importantes del estado y de una de las regiones cercana a Morelos, donde sabemos del flujo del narcotráfico y secuestros. Preocupa que el gobierno pueda estar infiltrado con el narcotráfico a través de éstos conductos... Podríamos arrepentirnos si no detenemos esta situación”, precisó el representante del PAN en el poder legislativo.

Aseguró también que de no quedar satisfechos con la respuesta y postura del gobierno de Mario Marín, recurrirían a las instancias correspondientes, aunque no precisó cuáles.

Para José Manuel Benigno Pérez Vega, conocido como “Pepe Momoxpan”, diputado del Partido del Trabajo, el Congreso no ha actuado con prontitud pese a la importancia del cargo de Rubén Gil. “El Congreso no debería aceptar siquiera la sospecha de actividades ilícitas de un servidor público, y en una situación extrema no se le ha separado del cargo, aunque esté sujeto a una investigación judicial, la acción inmediata y razonada es remover su licencia, sin embargo, a dos semanas, esto no ha ocurrido”.

Aunque la Comisión Inspectora del Congreso del estado aprobó un punto de acuerdo para que se fiscalice y revise el gobierno de Rubén Gil por más de 4O días, en 4 líneas: cuenta pública, legalidad, obra pública y desempeño, Pepe Momoxpan presentó un punto de acuerdo para la creación de una Comisión Especial Investigadora de las actividades del presidente Rubén Gil que en el ámbito de las atribuciones legales investigue y recopile toda la información: “no pueden investigarse a sí mismos, esta propuesta pretende agilizar las investigaciones”

Para el diputado, “el narcotráfico se nos mete por la puerta de atrás, Izúcar de Matamoros tiene una situación estratégica para el tráfico de drogas, pues allí confluyen cuatro estados Morelos, Guerrero, Oaxaca. Estados y municipios que son ruta de tráfico aunque no de consumo. Es sabido que las redes de narcotráfico llegan a los ayuntamientos, como se registró en Michoacán.”

Es imperativo, dijo, revocar el cargo del ayuntamiento emandado del narcotráfico, Izúcar no puede estar presidido por parientes o personas cercanas a Gil, sería absurdo. “Pepe Momoxpan” está seguro que el Congreso usará prácticas de dilación, se alargará el proceso y se seguirán bloqueando los intentos, aunque se han sumado votos de diputados de oposición al PRI. “Nos aplicarán la aplanadora, pero seguiremos dando la lucha”.

Violeta Lagunes coincide: “nos queda claro que seguirán solapándolo, queda claro también que están cerrados a la realidad y a las pruebas que puedan presentarse”. Acusó directamente a Mario Montero Serrano y Mario Marin Torres, por la actitud cínica y protectora que han asumido ante el caso. “¿Qué te dice que desde el principio un candidato como él fuera palomeado para la presidencia de ese municipio?, y cuando esto explotó los priistas envueltos en funcionarios se dedicaron a distraer la atención, mintiendo a la sociedad poblana sobre la situación legal que atravesaba Rubén Gil” .

Reveló que han solicitado ya a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue a fondo, además, han acudido a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), entre otras instancias.

El diputado del PRD Melitón Lozano Pérez y ex edil de Izúcar de Matamoros no adelantó escenarios, aunque dijo esperar una investigación seria. Asegura que la acción inmediata debe ser que se convoque a una consulta popular en ese municipio, se revoque el mandato de todo el ayuntamiento matamorense y dar paso a una elección extraordinaria. Aunque giradas, ambas peticiones no han sido resueltas hasta la fecha.

El diputado asegura que en Izúcar pueden existir poderes fácticos de individuos que ejerzan el control de poderes constitucionales, utilizando estructuras gubernamentales para obtener beneficios económicos con el comercio de la droga, “esta presente un clima de intranquilidad, inestabilidad social y miedo de los ciudadanos”

El diputado perredista sostiene que lo evidente es que en el municipio se vive una deslegitimación para el Ayuntamiento, por eso, en el punto de acuerdo presentado se explica que es necesaria la convocatoria para una consulta popular que dé a conocer la opinión de los ciudadanos de Izúcar de Matamoros. Las preguntas, sin reserva, hacen referencia de una relación con el gobierno del estado, y los vínculos del narcotráfico:

“Sólo dos preguntas: Si quieren que se revoque el mandanto de los miembros del ayuntamiento y si es necesario convocar a nuevas elecciones. Para ambas las respuestas: sí o no. "

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